La energía lleva siendo tema de conversación cotidiano durante los últimos meses. Desde HES hemos seguido de cerca todos los acontecimientos para acompañar a nuestros clientes y ayudarles a capear el temporal. En anteriores publicaciones analizamos el inicio de la crisis energética tras la “recuperación” de la pandemia, señalando a Rusia como único actor mundial en posición de aliviar en aquel momento la presión en los mercados. Meses después, analizamos el impacto que tendría para los mercados el que Rusia aprovechase esa posición ventajosa para invadir Ucrania.

En resumidas cuentas, la situación energética para occidente pinta mal, y las medidas tomadas tanto a nivel nacional como comunitario parecen no ser suficientes. En este marco, mientras la mayoría de los países proponen cuidados paliativos (reducción de impuestos, congelación de tarifas, subvenciones directas a los hogares precarios, etc.), España, junto a Portugal, ha apostado por la intervención del mercado, y parece que han conseguido que la Comisión europea escuche su propuesta tras reconocer la famosa singularidad ibérica.

La Singularidad Ibérica[1]

Aprovechando la situación excepcionalmente grave que vive la Unión europea en términos político-energéticos, y en respuesta a la presión que esta ejerce sobre sus habitantes, España y Portugal han conseguido que se avale en la Comisión europea (a falta de una aprobación formal) una propuesta para intervenir en el mercado energético, algo inaudito desde la liberación del mercado eléctrico.

El objetivo principal de esta propuesta es limitar el precio del gas utilizado en la producción de electricidad por lo que indirectamente se limitará el precio de la electricidad. Como explicamos en nuestra publicación Alza de los precios de la electricidad: ¿Quién tiene la culpa?, el precio de la electricidad depende del coste de producción. Los mercados eléctricos están regidos por un criterio de mérito en los que los diferentes productores (ofertas) se van apilando para cubrir la demanda priorizando a los más baratos. El problema aparece cuando los productores de electricidad ven aumentar su coste debido al alza del precio del gas, pero no son sustituibles por ninguna otra tecnología al ser indispensables tanto para responder a la demanda eléctrica como para el equilibrio de la red.

Puede observarse como para horas en las que la generación con gas es baja, el precio de la electricidad es menor (153€/MWh el 21 de abril del 2022 al mediodía, con apenas 300MWh generados con gas) que cuando entra el gas en funcionamiento (211€/MWh el día siguiente, a la misma hora, con casi 2 700MWh generados con gas).

Los gobiernos español y portugués proponen intervenir en el mercado limitando el coste marginal de los productores eléctricos que utilicen gas. Dado que estos productores deberán adquirir el gas a precio de mercado, se les deberá compensar por la diferencia de costes. La propuesta de los gobiernos ibéricos es que esta diferencia entre el coste real y el precio de intervención se reasigne las “tecnologías no emisoras no marginales que ha internalizado los beneficios extraordinarios por el alza del precio del gas natural”, es decir, renovables y nucleares. El principio de acuerdo concretaba un límite de 50€/MWh de media – partiendo de 40€/MWh, se irá incrementando el límite – lo que limitará de facto el precio de la electricidad a unos 150€/MWh.

El impacto de esta medida en el mercado es claro:  tras el anuncio de un principio de acuerdo con la Comisión, los futuros eléctricos para el tercer trimestre del 2022 pasaron de 220€/MWh el 25 de abril a unos 150€/MWh unos días después. La Comisión europea ha indicado que las exportaciones de electricidad a Francia – al fin y al cabo, aunque con poca capacidad, existen interconexiones – se realizarán al mismo precio de referencia que en la península. Por tanto, el consumidor galo se beneficiaría de los precios bajos, aunque las importaciones desde España representen un porcentaje mínimo de su demanda de energía.

Si bien esta medida parece sensata para proteger a los consumidores en el corto plazo, dada la actual crisis, podría terminar teniendo un impacto negativo a medio y largo plazo al enviar las señales de mercado equivocadas:

• La más obvia es la desincentivación del desarrollo de renovables al reducir el margen de beneficios de este tipo de tecnologías, lo cual va en contra de las políticas nacionales y europeas.
• El coste de oportunidad de los generadores y, por tanto, su comportamiento puede verse afectado, y fuentes limpias como las hidroeléctricas, con un gran peso en la producción eléctrica española, pueden verse tentadas a reducir su producción durante el periodo de urgencia para tener mayores reservas una vez finalice la intervención del mercado.
• Además, al reducirse los precios de manera artificiosa, los usuarios finales no tendrán ninguna señal para modificar sus hábitos de consumo hacia un mayor ahorro, y la demanda eléctrica se mantendrá en niveles semejantes a antes de la crisis.
• Finalmente, existe el riesgo de frenar el desarrollo de tecnologías complementarias como el biogás y el GNL, que con un coste marginal menor dejarían de ser rentables.

Hay que aclarar que esta intervención del mercado ibérico (con la consiguiente distorsión del mercado único) ha sido, por un lado, solicitada por España y Portugal para poder compensar a los consumidores expuestos al precio de mercado al no contar con los medios de otros países para congelar los precios, como es el caso de Francia y el “bouclier tarifaire”. Por otro lado, la medida ha sido tolerada por la Comisión europea dado que las interconexiones entre la Península ibérica y el resto de los países de la Unión europea es muy débil y la medida apenas afectará a otros mercados. Tras años de inacción y oposición de diferentes actores nacionales e internacionales, España apenas tiene interconexiones para el 5% de la capacidad de producción instalada, muy por debajo del objetivo del 10% que se fijó la UE para el 2020.

Si bien esta propuesta aún tiene que ser concretada y aprobada oficialmente (aunque cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, todavía quedan algunos detalles técnicos por concretar), y, si lo es finalmente, será aplicada de manera temporal, supone un antes y un después para los mercados energéticos, marca varios hitos importantes:

1. que los mercados pueden ser intervenidos (aunque sea por razones de crisis mayor),
2. que esta excepción ibérica puede servir como base a la reivindicación de otros países descontentos con la arquitectura del mercado, para salir de los precios marginales. Es posible que no se quede solo en la península Ibérica la singularidad y sea extendida a otras geografías,
3. que la Península Ibérica es escuchada por Bruselas a pesar de su aislamiento energético (o quizás por ello).

En cualquier caso, cualquier intervención del mercado es siempre delicada. Ya veremos cómo acaba todo esto…

Manuel Domínguez León & Natalia Bellido Medic

[1] Nota al lector, este artículo se publicó el 12 de mayo, un día antes de la aprobación oficial del Real Decreto.