El pasado 17 de agosto de 2022 se publicó en el Journal Officiel (Boletín Oficial francés) la primera ley de la nueva legislatura, es decir, del segundo mandato de Emmanuel Macron, Ley n°2022-1158 del 16 de agosto 2022 sobre medidas de urgencia para proteger el poder adquisitivo (“LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat”).

Si bien los debates y controversias se han centrado generalmente en las medidas relativas a la protección del nivel de vida de los franceses (Título I de esta ley: “Protección del nivel de vida de los franceses”) y la protección de los consumidores (Título II de esta ley: “Protección del consumidor”), este texto ofrece un apartado muy importante (22 artículos de un total de 48) dedicado a la cuestión de la “Soberanía Energética” (Título III de esta ley) con disposiciones relativas a la seguridad del suministro de gas y electricidad, a la vez que añade nuevas disposiciones relativas al acceso regulado a la electricidad nuclear histórica (ARENH).

En los últimos meses hemos visto y comentado a menudo en esta Newsletter cómo los gobiernos intentan limitar el impacto de la subida de los precios de la energía sobre los consumidores, ya sea mediante ayudas presupuestarias (subvenciones, reducciones de impuestos, véase el artículo “Subida de precios de la energía: medidas nacionales para proteger a los consumidores finales europeos”) o interviniendo en el funcionamiento del mercado (véanse los artículos “TIMES THE ARE A-CHANGIN’ – Singularidad Ibérica” y “Suspensión del mercado spot de electricidad australiano: ¿una advertencia para Europa?”). Con esta ley, el legislador francés (y el gobierno) provee a la administración francesa de nuevos medios para intervenir en el equilibrio oferta/demanda y, por tanto, en los mercados energéticos.

La próxima gran ley de Energía y Clima: la ley sobre la estrategia energética y climática francesa está prevista para mediados de 2023. Esta ley, además de enmarcar la nueva programación plurianual de la energía (PPE), deberá incluir la nueva definición de la organización de los mercados de electricidad (un nuevo NOME) definiendo un mecanismo post-ARENH. Mientras tanto, la organización del mercado eléctrico está siendo transformada poco a poco con la aprobación de algunas leyes como, por ejemplo, con la última ley de finanzas y ahora con esta ley sobre el poder adquisitivo. Todavía es bastante probable que la próxima ley de finanzas contenga un importante componente energético-climático.

La medida potencialmente más radical de esta nueva ley del 16 de agosto está definida en el artículo 26. Aunque este artículo aparece en el capítulo de disposiciones relativas a la seguridad del suministro de gas, es el funcionamiento del mercado de la electricidad el que se ve principalmente afectado:

El ministro puede “ordenar a los operadores de las instalaciones de producción de electricidad que utilizan gas natural que restrinjan o suspendan la actividad de sus instalaciones” y puede “requisar los servicios ligados a la explotación de algunas de estas instalaciones para que funcionen únicamente de acuerdo con las instrucciones y bajo el control del operador designado por el ministro”.

Evidentemente, estas disposiciones sólo serían efectivas en caso de “amenaza grave para la seguridad del suministro de gas” o “amenaza para la seguridad del suministro de electricidad”. Sin embargo, los niveles de precios del mercado parecen indicar que, efectivamente, nos encontramos en estos casos; el spread Francia/Alemania para los precios de futuros de electricidad parece incluir un cierto número de horas en las que se alcanzaría el tope de precios en el mercado spot (lo que llevaría, además, teóricamente, a un aumento de este mismo límite, aunque la CRE –  Comisión de Regulación de la Electricidad en Francia –  se oponga, con razón, al aumento automático de este precio máximo).

En la versión votada por el Parlamento, esta medida debía limitarse en el tiempo a 5 años a partir de la fecha de publicación de la ley. En la versión promulgada tras revisión por el Senado y la Comisión Paritaria asamblea-senado, la duración se ha reducido a 4 años y los plazos de aplicación tendrán que definirse por Decreto en el Consejo de Estado (lo que retrasará la posible aplicación de esta medida).

Obviamente, los operadores serán indemnizados, pero “ninguna indemnización será adeudada en concepto de privación del beneficio que el operador podría haber obtenido de la libre explotación de su instalación”. Así, entendemos que estas compensaciones deberían cubrir también el coste de compra en el mercado por una venta a plazo que no pueda ser cumplida por la explotación de la central. Pero ¿establecerá el próximo decreto límites a estos costes y definirá así las normas de cobertura para las centrales de gas?

Teniendo en cuenta que, en Francia, el precio lo definen principalmente las centrales de gas (lo que es objeto de fuertes críticas por parte del gobierno – un “absurdo” según Bruno Lemaire, Ministro de Finanzas, afirmación a la que se ha unido Emmanuel Macron -, esta medida puede ser el inicio de una reforma radical del mercado eléctrico que parece inspirarse en los “PPAs” que vinculaban a EDF con los productores (como la Société Nationale d’Electricité et de Thermique – SNET) en el pasado.

Las medidas que conceden exoneraciones de explotación a las centrales de carbón (artículo 36),  las que dan al ministro la posibilidad de intervenir en el funcionamiento de los mecanismos de desconexión de carga (artículo 33), o las que dan al gestor de transporte la posibilidad de poner a disposición de las instalaciones de reserva  “la producción o el almacenamiento de electricidad de más de un megavatio con el fin de proporcionarles un suministro de energía de rescate” (artículo 34), van en la misma dirección: establecer nuevos medios de intervención en el equilibrio oferta/demanda y, por tanto, en los mercados de la energía.

No podemos dejar de mencionar las disposiciones relativas al mecanismo ARENH, aunque sean decepcionantes con respecto a las expectativas de los consumidores.

Dos artículos (39 y 40) parecen más bien orientados a mejorar el valor de las acciones de EDF que el gobierno pretende volver a comprar (¿preocupación por el poder adquisitivo de los pequeños accionistas de EDF?): el tope del volumen del ARENH se reduce a 120TWh (frente a 150TWh, sin que este límite se haya aplicado nunca). Además, el precio para 2023 del ARENH no podrá ser inferior a 49,5€/MWh (si así lo acuerda la Comisión Europea y a partir de la fecha de este acuerdo). Para los demás consumidores, estos artículos podrían ser de interés para la planificación si significara que el límite de 2023 se elevara efectivamente a 120TWh (una hipótesis que parece bastante probable pero que no formaría parte de esta ley) y si el precio se fijara efectivamente en 49,5€ (lo que requiere, de hecho, un decreto y una autorización por parte de Bruselas).

Lo que es más, el gobierno ha añadido un artículo que permite proteger el mecanismo de los 20TWh adicionales para 2022, en particular de recursos que EDF pudiera interponer.

Desde que la ley de febrero de 2000 fuera aprobada, las leyes sobre energía y clima se han ido sucediendo a un ritmo constante, generalmente cada dos años, lo que ha llevado a la creación de un “Código de la Energía” muy bien elaborado. Con la actual crisis de los precios de la energía, el ritmo se acelera. Además de la Ley del 22 de agosto de 2021 sobre la lucha contra el cambio climático y el fortalecimiento de la resistencia a sus efectos, y a la espera de la ley de Estrategia Francesa para la Energía y el Clima (SFEC) en junio 2023, el Código de la Energía se ha visto fuertemente afectado por la Ley de Finanzas de 2022 y por esta ley de protección del poder adquisitivo.

No queda más que esperar y ver qué nos traerá la próxima ley de finanzas de diciembre de 2022, que animará los debates en otoño.

Philippe Boulanger