En los últimos meses, los precios europeos de la energía en los mercados mayoristas han subido significativamente, lo que ha creado una situación tensa para los consumidores finales. Además, la invasión de Ucrania por parte de Rusia a finales de febrero ha desestabilizado, aún más, el mercado. En este contexto excepcional, los gobiernos europeos y la Comisión están poniendo en marcha una serie de políticas para proteger a los consumidores finales del aumento de los precios de la energía. Este artículo pretende ofrecerles una visión general de las diferentes medidas aplicadas a nivel nacional y europeo para proteger a los consumidores y mitigar el efecto del aumento de los precios en los mercados mayoristas.

Las medidas diseñadas pueden dividirse en dos grandes grupos: inmediatas y a medio plazo. Las primeras pretenden minimizar el impacto en los consumidores finales, mientras que las segundas consisten en planes estratégicos para acelerar la transición hacia las energías verdes, reducir la dependencia de los combustibles rusos y diversificar la cartera de proveedores. En otro plano, subyacen los debates sobre el rediseño del mercado eléctrico y su desacoplamiento del precio del gas. El último Consejo Europeo (que tuvo lugar a finales de marzo) decidió permitir a España y Portugal aplicar medidas específicas de desacoplamiento de precios teniendo en cuenta la «excepción ibérica». Esta intervención en el mercado todavía estaba siendo negociada entre los países europeos y la Comisión en el momento de publicar este artículo.

En cuanto a las medidas orientadas a los consumidores finales, cada país ha decido aplicar un conjunto determinado de normas en función de su contexto y estructura de mercado específicos. En términos generales, esas medidas consisten en reducciones del IVA y de otros impuestos, descuentos en las facturas, limitaciones de los precios y diferentes formas de bonificaciones o fondos para los hogares más vulnerables, así como recuperaciones, deducciones de ingresos y rescates para las empresas.

FRANCIA

A pesar de que cerca del 75% de su electricidad es generada por su parque nuclear, Francia ha sido testigo de un aumento considerable de los precios de la electricidad en los últimos meses, siendo estos precios incluso más altos que los de los países vecinos. Esto llevó a las autoridades francesas a buscar formas para mitigar el impacto de esta subida en los consumidores.

Las primeras medidas que se llevaron a cabo estaban destinadas a proteger a los consumidores particulares. Para ello se congelaron las tarifas del gas y de la electricidad y se introdujeron bonos de energía e inflación para los hogares con menos ingresos:

• En diciembre de 2021, se distribuyó un cheque energético excepcional de 100€ para ayudar a los 5,8 millones de hogares a pagar sus facturas de energía, y que ya habían recibido un cheque energético por un importe medio de 150€ en abril de 2021. Esta ayuda, dirigida a los hogares más pobres, representa casi 600 millones de euros.
• Se ha establecido una protección tarifaria del gas mediante la congelación de las tarifas reguladas a niveles de octubre de 2021 durante todo el invierno (y posteriormente prolongada hasta finales de 2022). De acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley Financiera de 2022, el Estado cubrirá los costes adicionales en los que incurran los proveedores como resultado de esta congelación,
• Por último, se concederá una ayuda por inflación de 100€ a los 38 millones de personas con ingresos netos mensuales inferiores a 2.000€ (más del 60% de los hogares), lo que representa una ayuda estatal adicional de 3.800 millones de euros. Esta ayuda es abonada de una sola vez por los empresarios a los trabajadores y que son compensados en su totalidad por el Estado a través de una ayuda en el pago de sus cotizaciones a la seguridad social.

Además, se decidió aplicar una reducción del impuesto sobre la tarifa eléctrica, TICFE, (de 22,50€/MWh a 1€/MWh para los hogares y a 0,50€/MWh para las empresas), con un coste de 15.000 millones de euros para las finanzas públicas.

La subida de los precios del gas observada a principios del invierno pasado, que llevó a los precios de la electricidad a nuevas cotas, desencadenó otra serie de medidas, de aplicación más amplia, que se incluyeron en la Ley Financiera de 2022:

• La salvaguarda y prórroga de la protección tarifaria eléctrica, anunciado por el Primer Ministro, ha bloqueado el aumento de las tarifas reguladas de venta de electricidad al 4% (incluidos impuestos) con efecto 1 de febrero para los consumidores particulares. Sin esta intervención, el aumento habría alcanzado el 35%.
• Dada la situación excepcional, también se decidió ampliar la protección tarifaria limitando el aumento de las tarifas reguladas de venta de electricidad al 4% para los pequeños consumidores profesionales de la Francia metropolitana, así como para todos los consumidores profesionales de los territorios de ultramar y Córcega (zonas no interconectadas) que se benefician de estas tarifas.

Este fue sólo el comienzo de la inclusión de los consumidores profesionales e industriales en la ecuación de costes. Todavía estaba por llegar una medida que mitigara el impacto en los precios a mayor escala… El 13 de enero, ante la subida sin precedentes de los precios de la electricidad en las semanas anteriores, y a pesar de un contexto de tensión en la disponibilidad de las instalaciones de producción eléctrica francesas y en el suministro de gas a Europa, el gobierno anunció una medida excepcional para preservar el poder adquisitivo de los franceses y la competitividad de los suministros de las empresas:

• Un aumento excepcional de 20 TWh del volumen de ARENH para entrega en 2022, es decir, la venta por parte de EDF de unos 20 TWh adicionales a proveedores alternativos,
• Los precios se detallaron unas semanas después: EDF vendería a 46,2 €/MWh y compraría los mismos volúmenes a… ¡256,98 €/MWh!
• Los proveedores deberían trasladar todo el beneficio a los consumidores. Este punto será objeto de un estrecho seguimiento en colaboración con la Comisión de Regulación de la Energía, para que todos los consumidores puedan beneficiarse de la competitividad del parque nuclear francés.

Las autoridades europeas ya han sido informadas de esta decisión, que forma parte de las medidas excepcionales tomadas para adaptarse a la crisis de precios de la energía que está afectando a todos los países europeos. Aun así, se calcula que esta medida supondrá un coste adicional de 8.000 millones de euros para EDF (sin mencionar los ingresos no percibidos) …

Si bien se han adoptado algunas medidas más, que afectan a sectores nicho (el funcionamiento de las cogeneradoras se detuvo a principios de marzo), la reciente crisis en Europa del Este ha cambiado principalmente la visión estratégica sobre el sector energético francés de una manera más estructural, haciendo hincapié en el papel de la energía como una cuestión de soberanía nacional. Un cambio de punto de vista que se refleja en el programa de las próximas elecciones presidenciales: algunos candidatos defienden un cambio acelerado hacia las energías renovables, mientras que otros vuelven a situar al sector nuclear en el centro de la partida y están considerando el desarrollo de nuevas unidades EPR.

ALEMANIA

En Alemania, los costes de la calefacción y la electricidad alcanzaron máximos históricos debido a los problemas de suministro que siguieron a la pandemia. Por ello, a finales de febrero de 2022, el gobierno de la coalición alemán introdujo un primer paquete de medidas de ayuda a los consumidores. Este amplio plan de medidas incluía, entre otras:

• Eliminación completa de la EEG-Umlage (tasa de la energía renovable).

Posiblemente uno de los recargos más controvertidos (en 2021 representaba una quinta parte de la factura eléctrica de los hogares) y uno de los principales pilares de la Energiewende alemana (Transición Energética), así como una característica esencial de la Ley de Energías Renovables (Erneubare Energien Gesetz – EEG). Este recargo de renovables cubre la tarifa garantizada a las instalaciones de energías renovables y corresponde a la diferencia entre los precios del mercado mayorista de electricidad y el precio fijo, más alto, de la energía verde, que está garantizado por ley a los productores de energía renovable durante 20 años.

Tras la subida de los precios de la energía en toda Europa en el segundo semestre de 2021, el gobierno redujo este recargo de 6,5cts/kWh a 3,7cts/kWh a partir del 1 de enero de 2022 (con el objetivo de anularlo en su totalidad a partir de 2023). Esto reduciría en 100€ la factura eléctrica anual de un hogar que consume 3.500kWh al año. Sin embargo, un nuevo aumento de los precios de la energía provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania llevó al gobierno a suprimir por completo esta tasa. En consecuencia, la remuneración fija de las instalaciones de energía renovable se pagará directamente con cargo a los presupuestos del Estado utilizando los ingresos procedentes de la venta de derechos de emisión de carbono.

• Subsidio excepcional por gastos de calefacción

A principios de febrero 2022, el gobierno decidió conceder a los hogares con bajos ingresos una ayuda única para los gastos de calefacción. En respuesta al aumento de los precios del petróleo y del gas, los consumidores que reciben ayudas a la vivienda o a los estudiantes o becarios recibirán entre 115 y 175€, que se abonarán de una sola vez en verano, cuando muchos hogares tengan que hacer frente a facturas que reflejarán el aumento de los precios.

• «Pago Climático»

A más largo plazo, se prevé el llamado «pago climático» a todos los hogares para compensar a los ciudadanos por el aumento de los costes energéticos debido al incremento de los precios de los derechos de emisión de carbono.

• Subsidio a la vivienda social

Los subsidios a las viviendas sociales también se han incrementado a fin de tener en cuenta un mayor precio de los derechos de emisión de los combustibles para calefacción a partir de 2022.

Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha agravado la subida de los precios de la energía y la gasolina, el gobierno de coalición alemán anunció, a mediados de marzo de 2022, la introducción de un segundo paquete de ayudas para limitar el impacto sobre los consumidores. A continuación, se detallan algunas de las medidas propuestas:

• Gastos de calefacción:

La calefacción es el área en la que los hogares alemanes están más presionados.

• Electricidad:

Medidas que ayuden a ahorrar energía, como la reducción de las emisiones de los coches o la sustitución de los sistemas de calefacción de gas. Además, deben utilizarse incentivos de mercado para que quienes consuman menos energía tengan también menores costes.

• Movilidad:

Introducir una subvención estatal al combustible para los conductores de automóviles. El importe de la subvención se deduciría de la factura del conductor al pagar en la gasolinera (el operador de la gasolinera tendría que presentar los recibos a las autoridades fiscales para reclamar el dinero). Otra posibilidad es establecer un pago mensual a los hogares con menores ingresos, y el importe de la subvención dependería de dichos ingresos. Sin embargo, no está claro cómo se podría distribuir el dinero pues el país carece de un sistema a través del cual se pueda pagar a todos los residentes.

• «Bono energético»:

Devolver a los ciudadanos los ingresos procedentes del precio nacional de emisiones de carbono sobre los combustibles para transporte y calefacción. Sin embargo, esta propuesta se enfrenta al mismo obstáculo descrito anteriormente.

ESPAÑA

Ante la crisis energética, el gobierno español reaccionó a diferentes niveles.

En junio de 2021, el tipo de IVA se redujo del 21% al 10% para los pequeños consumidores y se suspendió temporalmente el impuesto a la generación eléctrica (7%). Unos meses más tarde, el impuesto sobre la electricidad se redujo del 5,11% al 0,5%. Estas medidas debían durar unos meses, pero, al agravarse la crisis energética, se prorrogaron.

En agosto de 2021, el gobierno español aprobó un proyecto de ley que establecía la devolución de las emisiones de CO2 a la generación no emisora instalada antes de 2003 (principalmente para los productores de energía hidroeléctrica y nuclear, así como para las renovables no reguladas). De este modo, estas empresas energéticas deberían deducir sus ingresos de mercado de los precios del CO2. En septiembre del mismo año, se aprobó un nuevo Real Decreto que establece una deducción temporal de los ingresos del mercado para las centrales eléctricas que no emiten CO2 con el fin de reducir las facturas de los clientes. El importe se calcula en proporción al exceso de los precios del gas natural sobre un precio base del gas fijado en 20€/MWh.

En octubre de 2021, se aprobó otro Real Decreto que aumentó el bono social de electricidad a los consumidores vulnerables del 25% actual al 60%, y del 40% al 70% en el caso de personas aún más vulnerables. Además, el presupuesto para el bono social térmico se duplicó en 2021, pasando a 202,5 millones de euros.

Otras medidas incluyen la próxima puesta en marcha de un nuevo tipo de subastas de compra de electricidad a largo plazo que se realizará junto a las subastas del mercado mayorista. Igualmente, la introducción de un tope en los precios del gas para la tarifa regulada del gas natural, conocida como Tarifa de Último Recurso (TUR) para los pequeños clientes.

Merece la pena señalar que España ha liderado recientemente una serie de propuestas a nivel europeo destinadas a desvincular los precios de la electricidad de los del gas y a reducir directamente (o incluso limitar) los precios de la electricidad. Estas medidas, que parecían improbables hace tan sólo unos meses, están ganando más apoyo entre países como Italia, Francia, Grecia y Portugal a medida que persiste la situación en Ucrania, si bien otros países del norte, como Holanda y Alemania, se oponen, ya que puede afectar el funcionamiento del mercado. A finales de marzo, la UE reconoció la «excepción ibérica», dejando la puerta abierta al debate – que tendrá lugar en mayo – sobre un precio máximo del gas para la generación de electricidad que será de aplicación (local) a la Península Ibérica. La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró que «todavía no hemos hecho más que iniciar los trabajos con la Comisión, por lo que pido tranquilidad y paciencia». Las medidas deberían estar en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022.

ITALIA

Debido a la estructura de su generación de electricidad (sin nuclear, pero con una producción fósil que representa el 53% de la demanda total), Italia es uno de los países europeos más expuestos a la actual crisis energética, tanto en términos de gas como de electricidad. En un principio, Italia había tratado de mitigar el precio final del gas y de la electricidad para los clientes industriales y los hogares. Italia apoya firmemente la idea de desacoplar los precios del gas y de la electricidad, liderada por el gobierno español, que se ha debatido en el Consejo Europeo a finales de marzo. Dada su dependencia al gas ruso, Italia apenas ha rechazado la exclusión del banco de Gazprom del sistema SWIFT.

En octubre de 2021, el gobierno italiano anunció un primer paquete de medidas de ayuda para reducir los precios del gas y la electricidad dirigido a los consumidores industriales y los hogares, reduciendo las tasas por un equivalente a 3.500 millones de euros para el cuarto trimestre de 2021. Las medidas se ampliaron posteriormente hasta el primer trimestre de 2022 por un importe total de 6.000 millones de euros.

El pasado 27 de enero, el gobierno italiano adoptó otras medidas temporales para combatir el impacto de los elevados precios de la energía, incluyendo un polémico artículo que introducía un impuesto sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por los generadores de energía renovable. Con estas medidas, la ayuda total ascendía a más de 10.500 millones de euros.

• La primera de estas medidas se aplicó al primer trimestre de 2022 y redujo los costes del sistema para los grandes consumidores con más de 16,5 kW contratados al eliminar el elemento de coste del sistema de sus facturas. La ayuda prevista de 1.200 millones de euros se financiaría en gran parte con el desvío de ingresos obtenidos de las subastas de CO2.
• Una segunda medida adoptó la forma de un crédito fiscal para las empresas que hayan visto aumentar sus costes energéticos en más de un 30% con respecto a 2019. El impacto financiero de esta medida se estima en 540 millones de euros.
• La tercera medida fue una «recuperación» efectiva sobre los ingresos de renovables desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2022. Esta medida afecta a las instalaciones fotovoltaicas que tienen tarifas fijas bajo el marco del régimen Conto Energia, así como a las instalaciones hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas que no forman parte de los regímenes de contratos por diferencias. El reembolso se basaría en un diferencial de los ingresos de la central sobre su precio medio horario desde la fecha de su puesta en servicio, con un límite inicial de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2020, ajustado a la inflación. Los contratos de suministro acordados antes de la aprobación de esta medida, que no están vinculados al precio spot, estarían generalmente exentos, según el Decreto.

Recientemente, el 18 de marzo, el gobierno italiano anunció nuevas medidas de un importe de 4.400 millones de euros. Estas medidas se financiarán con el aumento de los impuestos sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas energéticas (4.000 millones de euros) y los ingresos adicionales del IVA sobre la gasolina (500 millones de euros). Las medidas para el sector energético incluyen:

• Reducción de los precios de la gasolina en 25 céntimos, hasta finales de abril
• Aumento del número de beneficiarios de los bonos sociales (aumentando el número de familias con derecho a los mismos de 1,2 a 5,2 millones)
• Posibilidad de que los consumidores paguen sus facturas de energía a plazos durante un máximo de dos años
• Aumento de los créditos fiscales para las empresas de electricidad y gas con un elevado consumo energético.

Italia está muy expuesta, no sólo a los precios sino también a las entregas físicas. El 35% de las importaciones de gas proceden de Rusia y no existe una alternativa inmediata posible para sustituir a este proveedor en caso de embargo. Hasta ahora, ha habido algunos anuncios en este sentido:

• Simplificación en los procedimientos para la de nuevas energías renovables.
• Posible ampliación de la vida útil de las centrales eléctricas de carbón (con un límite previamente fijado para finales de 2025)
• Aumento de la producción nacional de gas (hasta 5bcm frente a los 3,2bcm actuales)
• Relanzamiento del proyecto de construcción de 2 terminales de GNL.

HOLANDA

El Gobierno holandés ha decidido reducir el impuesto sobre la energía para los hogares y las empresas en 2022, con un coste estimado de 2.700 millones de euros y 500 millones de euros, respectivamente.

Actualmente, los consumidores holandeses pagan el precio más alto de Europa en l. Por lo tanto, esta reducción de impuestos, financiada en parte por las ventas de gas pagadas a precio de oro, comenzará el 1 de abril, con una reducción de los impuestos especiales del 21% para el diésel y la gasolina, y del 4,1% para el GLP y el GNL. Además, el 1 de julio de 2022, el IVA sobre la energía (electricidad, gas natural y calefacción urbana) debería bajar del 21% al 9%.

Además de estos recortes de impuestos, a principios de febrero, el gobierno tenía previsto gastar 150 millones de euros en medidas para mejorar el aislamiento de los hogares más pobres con facturas energéticas elevadas y/o casas mal aisladas. Este importe fue aumentado finalmente a 300 millones de euros. A la vez, se ha puesto en marcha una ayuda energética excepcional de 800€ –frente a los 200€ anteriores – para estos hogares.

Cabe señalar que Holanda, orientada a las subvenciones nacionales y que se beneficia del nivel actual de los precios del gas, se oponen a las propuestas de los países del sur de Europa sobre la intervención de los mercados energéticos y sobre la propuesta de implementar un tope a los precios de estos mercados: «Somos muy reticentes a intervenir los mercados, porque queremos evitar que se alteren a corto plazo, ya que esto podría obstaculizar las inversiones en energía sostenible», declaró el jueves 18 de marzo el ministro holandés del Clima, Rob Jetten.

REINO UNIDO

El Gobierno ha creado un fondo de 500 millones de libras para ayudar a los hogares más pobres a pagar sus facturas energéticas. Este fondo se suma al plan Warm Home Discount – las personas con bajos ingresos se beneficiarán de un descuento de 140£ en las facturas de electricidad durante el periodo invernal 2021-2022 – y el Winter Fuel Payment – una subvención de entre 100 y 300£ para ayudar a los usuarios finales (nacidos el 26 de septiembre de 1955 o antes) a pagar sus facturas de calefacción.

En febrero de 2022, el Ministro de Economía, Rishi Sunak, anunció que se concederían 350£ a la gran mayoría de los hogares para ayudarles a pagar las crecientes facturas energéticas. Esto cubrirá algo más de la mitad del aumento de 693£ en el precio máximo del coste de la energía para los hogares a partir del 1 de abril de 2022.

Ofgem, el regulador de la energía del país, asigna a los clientes de las empresas energéticas que se han enfrentado a la quiebra – por el aumento de los precios mayoristas del gas – a nuevos proveedores. El Gobierno está estudiando la posibilidad de conceder préstamos a aquellas empresas energéticas que se hagan cargo de estos clientes. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2021, el Secretario de Estado de Asuntos Económicos, Kwasi Kwarteng, dijo claramente que «no habrá recompensa por el fracaso o la mala gestión, y las empresas energéticas más pequeñas no recibirán rescates».

Además, Ofgem subió el tope de las tarifas más utilizadas en un 12-13% en octubre pasado, tras una subida anterior en abril, debido a los altos costes mayoristas. Tras una serie de quiebras de empresas energéticas en el país, se teme que Ofgem pueda aplicar una nueva subida en abril de 2022, llevando el tope de precios a 1.995£,

El Gobierno también está rescatando a los fabricantes con mayores niveles de emisión de CO2 para evitar interrupciones en la cadena de suministro de alimentos, y también está considerando la posibilidad de intervenir el mercado nacional de emisiones de carbono en diciembre en caso de que los precios se mantengan altos.

BÉLGICA

El gobierno belga ha decidido reducir el IVA del gas y la electricidad para mitigar el impacto de la subida de los precios de la energía. El 1 de febrero de 2022, el Primer Ministro, Alexander De Croo, anunció una reducción para la electricidad del 21% al 6% de marzo a julio. Además, los hogares con calefacción de gas o petróleo también recibirán un cheque de 200€.

En cuanto a la regulación de los precios al por menor, los impuestos especiales sobre el diésel y la gasolina se reducirán en 17,5 céntimos por litro, lo que se traduce en un ahorro para los belgas de 10 euros para un depósito de 60 litros.

En cuanto a las ayudas a los hogares más pobres, en octubre de 2021, el Ministro de la Energía prorrogó la tarifa social de la energía, introducida durante la pandemia, hasta finales de marzo de 2022, con un coste de 208 millones de euros. Ese mismo mes, el gobierno también anunció un bono energético de 80€ para los hogares más pobres. Y, a partir del 12 de octubre, se creará un Fondo de Gas y Electricidad de 16 millones de euros para ayudar a los hogares que no puedan beneficiarse de las tarifas sociales.

Otras medidas adoptadas para mantener constantes los ingresos son la sustitución de impuestos, tales como los certificados de energía verde con impuestos especiales que el gobierno puede ajustar fácilmente para compensar las variaciones del precio de la energía, y la prohibición de cambios unilaterales en los contratos de energía para evitar que los proveedores de energía aumenten las facturas de los consumidores.

El equipo Haya Energy Solutions